En Europa, el modelo italiano se impone cada vez más en materia de inmigración. Cada vez más Estados miembros se ponen del lado del gobierno de Giorgia Meloni, que ha creado un nuevo enfoque que ya gusta a la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y que empieza a gustar cada vez más a otros países europeos. El último en sumarse a la ya larga lista de partidarios es Francia. La misma Francia que durante años ha hecho de la acogida de inmigrantes su caballo de batalla (al menos de palabra, porque en los hechos rechazó a los inmigrantes por la fuerza en Ventimiglia mientras criticaba los bloqueos a las ONG en los puertos italianos). Ese momento parece lejano: ahora París, según rumores del Foglio, ha desenvainado la espada a favor de Roma, apoyando el alegato que otros países ya han elaborado a favor del Gobierno italiano en la próxima sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 25 de febrero, solicitada por algunos abogados italianos, señalando una supuesta discrepancia entre las normativas europea e italiana sobre la cuestión de los países seguros. Una sentencia que tiene el potencial de desbloquear los procedimientos para transportar a los migrantes a los dos centros de repatriación construidos en Shengjin y Gjader, en la costa albanesa, según ese proceso de externalización de fronteras contra el que ya se ha despertado la curiosidad de media Europa y de la propia Comisión Europea. Hasta 15 países remitieron una carta al Ejecutivo de Bruselas en la que pedían a la Unión Europea que se dotara de una legislación más fuerte en materia de repatriación: la propuesta era “el examen de una posible cooperación con terceros países sobre mecanismos de centros de repatriación, donde los repatriados podrían ser trasladados a la espera de su expulsión definitiva”. Así,“explorar modelos potenciales dentro del actual acervo de la UE, así como considerar la posible necesidad de enmiendas a la directiva de retorno“. Por su parte, la propia von der Leyen mostró su curiosidad hacia los “modelos innovadores” ideados por el gobierno italiano.
Defensa de fronteras y repatriación
Así pues, la sentencia del 25 de febrero mantiene en vilo a media Europa, que se apresta a proponer nuevas formas de gestión de los flujos que nunca se han aplicado. Defensa de las fronteras y repatriación: éste es el objetivo al que aspiran cada vez más países, incluso aquellos que se proponían como defensores de un modelo de entrada indiscriminada que ahora, paradójicamente, se vuelve contra ellos. “Doce países presentarán -leemos en Il Foglio- una declaración escrita en apoyo de Italia, otros tres lo harán oralmente. El empuje
a las políticas del gobierno de Meloni es hija de la carta del pasado mes de mayo en la que 14 estados miembros escribían a la Comisión Europea para pedir ”que se añadan nuevas medidas al recién lanzado Pacto sobre Migración, incluyendo centros de repatriación de personas en terceros países”. como Albania”. Pero, “a diferencia de aquel documento -al que Francia no se había adherido, al igual que Alemania y España-, esta vez sí está París”. En compañía de los gobiernos de Sofía, Praga, Copenhague, Tallin, Atenas, Nicosia, Riga, Vilnius, La
La Valeta, La Haya, Viena, Varsovia, Bucarest, Helsinki. En otras palabras: países del sur, del este y del norte, cada uno con sus propias prioridades en materia de gestión de los flujos migratorios“. A esto hay que añadir que otros países también buscan estrategias para frenar los desembarcos ilegales y hacer más seguros sus países: Alemania propone un modelo de repatriación muy fuerte tras los frecuentes atentados terroristas de las últimas semanas, prometiendo repatriaciones incluso a Afganistán (que no sean países seguros). Pedro Sánchez, jefe del gobierno español impulsado por los socialistas, fue a África en busca de un diálogo con los países africanos, precisamente sobre el modelo de lo que hizo Meloni con Túnez, Libia y Egipto, para bloquear las salidas en los puertos africanos. Gana así el modelo italiano, que políticamente agrada a Europa y a sus Estados, sea cual sea la fuerza política que los gobierne. Sólo queda esperar la sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, que a estas alturas podría ser sólo una formalidad.
